En medio del ruido creado por polémicas grotescas –como ese circo en torno al Colegio Mayor Elías Ahuja–, el Gobierno ha presentado los Presupuestos del próximo año: unas cuentas públicas llamadas a influir sobre la orientación de voto de los españoles en un curso intensamente electoral (municipales, autonómicas y quizás nacionales, si Pedro Sánchez decide no alargar hasta el extremo su legislatura). El peso de las encuestas –extraordinariamente favorables a la derecha, ahora mismo– gravita sobre un invierno que se teme frío en lo económico, a pesar de los efectos balsámicos de la buena temporada turística. Tras observar la tendencia de fondo del latido demoscópico, Sánchez ha activado –como el Barça en la pretemporada– todas las palancas que le quedan para salvar el partido: desde el despliegue de la polémica Ley de la Memoria Democrática –con nuevas exhumaciones previstas– hasta su aparición en nuestros televisores protagonizando una serie documental. Sin embargo, la herramienta principal de que dispone cualquier gobierno son los Presupuestos Generales del Estado, con su larga lista de dádivas y promesas pagadas. Y el presidente ha decidido que estas cuentas sean expansivas, lo que significa dinero regalado (para algunos) que tendrán que pagar otros (nosotros, nuestros hijos y nietos) no sólo hoy –con la subida de impuestos– sino también en el futuro.

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