El debate civilizado

Me temo que determinados debates resultan insolubles, como la polémica entre lo público y lo privado o entre los partidarios de la austeridad y los que optan por la expansión del gasto. Y probablemente no existan soluciones indiscutibles ni respuestas únicas. Pensemos, por ejemplo, en el caso sueco, paradigma socialdemócrata y una de las naciones más eficientes del planeta, cuyo gobierno decidió encarar la crisis económica de los noventa desde el más puro reaganismo, esto es, disminuyendo el gasto público y recortando los impuestos, junto a una notable desregularización que permitió devolver la iniciativa a los ciudadanos. Cabe argumentar que seguramente ninguna de estas medidas habría funcionado sin el impulso exportador propiciado por la devaluación de la corona sueca – un mecanismo del que España carece -, sin la indudable calidad de sus instituciones, sin el bilingüismo efectivo de sus ciudadanos -que han adoptado el inglés como idioma global- y, finalmente, sin un tejido industrial orientado hacia la innovación. Por supuesto, no creo que la tecla que ha tocado el gobierno sueco sea la única que suene. Al menos, no de entrada.

Así, algunos historiadores como Henrik Berggren y Lars Trägardh han destacado el rol de los modelos culturales predominantes para explicar las diferencias en el contrato social que firman los ciudadanos con el Estado. ¿Hasta qué punto se puede exportar el modelo escandinavo – donde se subraya el papel de las administraciones públicas y de la libertad individual – a una cultura como la anglosajona, que prefiere confiar en las soluciones de la sociedad civil? ¿Y una ética política como la mediterránea, cuyo eje de lealtades es distinto al de las naciones del norte de Europa, puede sustentar el mismo tipo de contrato social sin que entre en conflicto con ese mismo núcleo de lealtades? De nuevo, son preguntas sobre las que nadie puede ofrecer respuestas unívocas. Movernos en el terreno movedizo del idealismo no conduce a ningún lugar.

Lo preocupante, sin embargo, no es el debate sino su ausencia. Cuando un país se adentra en el campo de la antipolítica, no resulta inusual que sustituya la discusión informada por los puños de la demagogia. La mentira adquiere visos de verosimilitud porque se oculta en el trazo grueso de la ignorancia. Los matices desaparecen ya que el frontón de los intereses ideológicos desvirtúa el sentido del bien común. Es el mundo enloquecido de las redes sociales, que eleva cualquier anécdota – la fotografía de un funcionario jugando con su ordenador en horas de trabajo, por ejemplo – a categoría universal. O es la sintaxis atropellada del amarillismo político, ya se dé en el ágora parlamentaria o en el prime time de las televisiones generalistas. Del cierre de lo público a la liberalización de los servicios profesionales, de la amalgama de subvenciones al futuro de las pensiones, de la estructura territorial de la Administración a la imprescindible reforma educativa, los rasgos pantagruélicos de la demagogia, junto a la deformación de los prejuicios, guían una forma errónea – muchas veces interesada – de encarar los problemas. Al contrario, hay que agradecer los debates civilizados cuando tienen lugar. Y mimar la inteligencia social como una especie en peligro de extinción.

Artículo publicado en Diario de Mallorca.

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